Privilegio legislativo: 32 congresistas podrán postular al Senado sin alcanzar la edad mínima requerida
La reciente ratificación de la reforma sobre la bicameralidad por parte del Congreso peruano ha suscitado controversia debido a una disposición que otorga un privilegio considerable a un grupo selecto de legisladores. Conforme al dictamen de la reforma, 32 congresistas actuales tendrán la posibilidad de postular al futuro Senado sin cumplir con el requisito mínimo de 45 años, una medida que ha sido calificada como una ventaja desproporcionada sobre el resto de los ciudadanos.
El artículo 90 de la reforma, ya aprobado en primera y segunda votación, especifica que «para ser senador se requiere haber cumplido 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado». Esto implica que los actuales congresistas, al cumplir con el segundo requisito, estarán exentos del requisito de edad mínima para las elecciones generales del 2026.
Según la verificación de las fechas de nacimiento de los 130 legisladores en total, se ha identificado que 32 congresistas no alcanzarán los 45 años para la primera quincena de abril del 2026, fecha estimada para la primera vuelta electoral.
Este grupo privilegiado pertenece a diversas bancadas parlamentarias. En Fuerza Popular, por ejemplo, figuran seis legisladores que podrán aspirar al Senado sin tener 45 años para el 2026. En Avanza País, cinco congresistas contarán con esta ventaja, mientras que en Acción Popular, tres parlamentarios podrán hacer lo mismo. La lista continúa con representantes de Alianza Para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Somos Perú y Perú Libre, entre otros.
A pesar de que algunos de estos congresistas votaron en contra de la bicameralidad, ello no les impide beneficiarse de esta disposición. Entre ellos se encuentran parlamentarios como Alex Flores Ramírez, Silvana Robles Araujo y Sigrid Bazán Narro.
La polémica en torno a esta contrarreforma radica en el hecho de que, si bien algunos legisladores podrían resultar favorecidos, la regla continúa siendo restrictiva y otorga un privilegio considerable a un grupo reducido en comparación con la mayoría de los ciudadanos peruanos. Este tema ha generado un intenso debate en la esfera política del país, cuestionando la equidad y transparencia en el acceso a cargos legislativos de alto nivel.